Nueva demanda penal por usurpación profesional contra el impune 'Lic.' Jorge Romero
Luego de que una denuncia por usurpación de funciones al ostentarse como “licenciado” sin serlo, presentada en 2012, fue sospechosamente archivada, el delegado panista en BJ enfrenta una nueva demanda en su contra presentada ante la PGJDF por vecinos.
Por Francisco Ortiz Pardo y Francisco Ortiz Pinchetti
Un grupo de vecinos de diversas colonias de la delegación Benito Juárez presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una nueva denuncia contra el delegado panista Jorge Romero Herrera por usurpación de profesión al ostentarse reiteradamente como “licenciado” en Derecho, sin serlo, y además firmar documentos oficiales como tal, lo que constituye delitos tipificados por el Código Penal. Con ello quedó abierta la averiguación previa FSP/B/T3/03433/14-10 de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos). Otra denuncia, presentada ante la propia PGJDF en 2012, fue archivada sin ninguna justificación, por lo que el funcionario ha permanecido impune hasta ahora.
Desde que era candidato del PAN a la jefatura delegacional, Romero Herrera presumió en la currícula publicada en su página Web, ser abogado de profesión, “egresado de la Escuela Libre de Derecho”. Sin embargo, Libre en el Sur descubrió que era falso, ya que en el registro de egresados de la prestigiada institución no aparecía el panista. Su reacción inmediata fue reclamarles de manera agresiva a través de su cuenta de Twitter, pero cuatro días después tuvo que reconocer que efectivamente no estaba titulado. Lo más grave, empero, fue que como funcionario de la DBJ, cuando ocupaba la dirección general de Coordinación de Gabinete en el gobierno delegacional del también panista Mario Palacios, firmó documentos oficiales como “licenciado”, según está documentado.
A partir de la publicación de los documentos respectivos en el periódico Libre en el Sur, en julio de 2012, vecinos de la Delegación presentaron ante la PGJDF la primera denuncia penal contra el entonces jefe delegacional electo, por el presunto delito de usurpación de profesión, tipificado en el Código Penal con una sanción de hasta seis años de cárcel (Número de indagatoria FBJ/BJ-3/t1/2116/12-09). Ahora, Romero Herrera reincide en su usurpación: en la currícula inserta en el registro de funcionarios en el portal de transparencia de la DBJ (www.delegacionbenitojuarez.gob.mx), nuevamente ostenta tener una escolaridad de “licenciatura” en el área de “Derecho”. Esta información está validada por la propia DBJ el pasado 15 de julio. Por supuesto, su nombre sigue sin aparecer en el listado de “abogados titulados” de la Escuela Libre de Derecho –como lo constató Libre en el Sur—, en la que sí obtuvieron la licenciatura, por cierto, connotados panistas como Fernando Gómez Mont, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, Javier Lozano Alarcón y Juan Miguel Alcantara Soria.
Por si fuera poco, la propia Delegación Benito Juárez confirmó de manera oficial y por escrito que Romero Herrera no tiene ningún título profesional. A través de su Oficina de Información Pública, en el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/518/2013, a la pregunta “Informar si el jefe delegacional Jorge Romero Herrera cuenta con título profesional (sic)”, la DBJ contestó el 29 de enero del 2013: “Al respecto me permito informar a Usted, que la respuesta a su cuestionamiento es NO” (sic).
La firma del “licenciado”
Una acuciosa investigación periodística que duró varias semanas derivó en el hallazgo del oficio número DGCGPE/019/09, de fecha 9 de noviembre de 2009, en el que Romero Herrera designa como su suplente ante los comités, subcomités y consejos a Luis Alberto Mendoza Acevedo, actual presidente delegacional del PAN en Benito Juárez y encargado del despacho que dejó vacante uno de los panistas procesados en Brasil, Rafael Medina. El oficio, con membrete de su dirección general y los emblemas oficiales del Distrito Federal y de la Delegación, tiene su firma arriba del nombre: “Lic. Jorge Romero Herrera” (sic). Marca copia para el Lic. Mario Alberto Palacios Acosta, jefe delegacional en Benito Juárez, “para su conocimiento”.
En ese momento, el actual delegado fungía como director general de la Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales, el mismo cargo para el que luego nombró, ya como jefe delegacional, a su “hermano” Rafael Medina, hoy acusado de manosear a una mujer brasileña y golpear brutalmente a su esposo después del partido en que México fue descalificado del Mundial de Futbol, en la ciudad de Fortaleza. La copia de dicho documento, en poder de este medio, recibida a través de la Oficina de Información Pública de la DBJ a cargo de Juana Torres Cid, mediante oficio GDD/DPE/CMA/UDT/4461/2012, del 15 de agosto de 2012. Está fechada de recibida por la dirección general de Obras y Desarrollo Urbano de la DBJ a las 12:10 horas del 10 de noviembre de 2009, con el folio 3282. El documento de Romero Herrera fue remitido por el director de Obras, arquitecto Humberto Alberto Luna Ortiz (oficio DO/616/2012), el 14 de agosto del 2012, y recibido con sello de “Jefe Delegacional”, a las 11:49 horas del día siguiente.
El Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 250: Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días (…) II. Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 Constitucional se atribuya el carácter de profesionista.
A su vez, el Código Penal del Distrito Federal, precisa en su Artículo 323: al que se atribuya públicamente el carácter de profesionista u ofrezca o desempeñe públicamente sus servicios sin tener autorización para ejercerlo en términos de la legislación aplicable, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa
La nueva denuncia en su contra, acompañada de las evidencias y las pruebas reunidas por los vecinos demandantes, se presentó ante la PGJDF el pasado 29 de octubre. Esto se suma al “expediente” del panista que formó y patrocinó con recursos públicos una secta de incondicionales –entre ellos los dos panistas procesados en Brasil– para falsificar el padrón interno del PAN en el DF y apoderarse así de puestos, cargos directivos y candidaturas. Ahora pretende ser postulado a una diputación local ante la ALDF –lo que le aseguraría la impunidad, por el fuero–, donde según sus planes coordinaría a la fracción de su partido. Para ello, dejaría pronto la jefatura delegacional sin completar su mandato.
