Pide Gómez del Campo penas severas contra 'filtradores' de información sobre operativos policiacos
La coordinadora de los diputados locales panistas, Mariana Gómez del Campo, presentó una iniciativa para que se castigue con penas de seis a ocho años de prisión y multas de hasta 287 mil pesos a los llamados halcones, quienes son los que realizan actividades de espionaje al interior de las corporaciones policíacas o informan de operativos para acabar con la delincuencia organizada.
En conferencia de prensa, acompañada por la diputada federal Rosi Orozco, Gómez del Campo consideró que la creciente inseguridad pública que se vive en el Distrito Federal, y en todo el país, deriva de la coacción de las organizaciones delictivas, por lo que el gobierno de la ciudad debe trabajar en forma conjunta y coordinada con las corporaciones policíacas federales y el Ejército Mexicano, con operativos especiales permanentes para tratar de suprimir el daño que el crimen organizado hace a la sociedad.
“Hace falta reforzar los instrumentos que tenemos a nivel local, pues para nadie es un secreto que existe colusión entre delincuentes y policías al interior de los reclusorios de la ciudad de México, por ejemplo; o cuando los operativos policíacos, que tienen detrás meses de investigación, planeación, riesgos y costos, se ven frustrados porque alguien desde dentro o algún infiltrado dio el ‘pitazo'”, asentó la diputada. Explicó que la iniciativa plantea la adición del artículo 289 Bis al Código Penal para el DF, el cual establece que cometen delito las personas que acechen, vigilen, realicen espionaje o proporcionen cualquier tipo de información sobre el personal que labora dentro de las instituciones, la ubicación, actividades, operativos o en general sobre las labores que realicen las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y órganos de ejecución de sanciones.
La imposición de las penas, dijo, se agravarían cuando dicho delito sea cometido por servidores públicos activos o inactivos, ex-servidores públicos de procuración de justicia, de las fuerzas armadas y de instituciones de seguridad pública. Añadió que los delitos más comunes en las calles de la capital del país son el narcomenudeo, la piratería, el robo de autos, la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
Sobre esto último, la diputada federal Rosi Orozco manifestó su preocupación por el alto índice de niños, niñas, mujeres, migrantes y extranjeras que son sometidas y esclavizadas por redes criminales organizadas y que cuentan con gente que se dedica a informar cuándo y donde habrá operativos para atacar la trata de personas, llamados también antenas. “Es cuestión de vida o muerte ofrecer a quienes se dedican verdaderamente a atacar la trata de personas o el secuestro, las herramientas para combatir con éxito estos actos criminales, sobre todo cuando estamos a días de celebrar la abolición de la esclavitud en nuestro país, el próximo 6 de diciembre”, apuntó.
