Clausura DBJ kínder en Extremadura Insurgentes por denuncias de abuso sexual contra niños; exige Von pronta acción de Procuraduría
La Delegación Benito Juárez clausuró las instalaciones del colegio Montessori Matatena, ubicado en la colonia Extremadura Insurgentes, después de padres de familia denunciaran ante la Procuraduría de Justicia capitalina casos de abuso sexual contra niños de entre 3 y 5 años de edad.
La PGJCDMX informó que padres de cuatro alumnos de dicho colegio presentaron desde el pasado 9 de abril ante la PGJDF las denuncias donde imputan como presunto responsable de las agresiones a Rafael Leopoldo Duarte, de 59 años, esposo de Pilar Guitián Galán, dueña del plantel. Aunque la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales citó a Duarte para declarar el miércoles pasado, éste no se presentó. El próximo martes fue citado nuevamente para rendir declaración.
La tarde del pasado viernes el plantel ubicado en Agusto Rodín #398, fue clausurado por las autoridades de la Delegación Benito Juárez, para coadyuvar en las investigaciones. En un comunicado, el delegado panista Christian Von Roerich, informó de la clausura y pidió a la SEP y a la Procuraduría capitalina dar una solución a los reclamos de los padres.
La DBJ informó que las instalaciones del colegio privado Montessori Matatena presentaba una serie de anomalías que ponían en riesgo la vida y salud de los usuarios, razón por la cual fueron colocados los sellos de suspensión de actividades hasta que se subsanen las irregularidades. Al respecto el jefe felegacional Christian von explicó que el establecimiento no contaba con aviso de apertura y de acuerdo con el artículo 73 fracción I y II de la Ley de Establecimientos Mercantiles, este lugar generaba un riesgo inminente para trabajadores, vecinos y alumnos.
Von exigió que le den a los padres de familia “una solución y una explicación a la brevedad sobre las denuncias presentadas por el presunto abuso sexual a menores que asistían a este Kinder”.
Los padres de las víctimas detallan que las agresiones que refieren los menores van desde golpes hasta obligarlos a comer excremento. Ellos exigen a la la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales lleve las investigaciones a las últimas consecuencias para que el caso no quede impune.