El sismo, la reconstrucción y los negocios
Impugnada y rechazada por la mayoría de organizaciones ciudadanas y damnificados, la Ley de Reconstrucción, propuesta por la administración de Miguel Ángel Mancera, pasó a regañadientes entre gritos, jalones, mordidas y sombrerazos de los asambleístas. La misma va en contra de las leyes de la física, los estudios geológicos y los intereses de quienes perdieron todo en el pasado sismo del 19 de septiembre, pero aun así, fe impuesta.
Lo menos que se dice de la citada Ley es que favorece –una vez más y pese a todas las irregularidades—a las empresas inmobiliarias y constructoras y no toma en cuenta la opinión de expertos en ingeniería, arquitectura, urbanismo y geofísica en lo tocante a re densificar las zonas siniestradas por la fuerte sacudida de septiembre. De igual manera la nueva normatividad no tomó en cuenta la opinión de los miles de damnificados que perdieron sus viviendas y ahora les exigen reconstruir a través de créditos.
Entre muchas cosas, los expertos en ingeniería sugirieron implementar medidas de control para evitar construcciones ilegales o defectuosas, pues de acuerdo con observaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presentadas recientemente en el Colegio de México, durante el Seminario El Futuro de la CDMX, las edificaciones colapsadas en la capital del país como en otras entidades “tenían severas deficiencias”.
Los ingenieros de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI) proponen la creación de una contraloría ciudadana que incluya a vecinos de cada colonia en la que se realice una nueva obra, asesorados por especialistas, para participar en la vigilancia del cumplimiento de norma mínimas de ordenamiento y construcción. Ello ante la enorme desconfianza prevaleciente en el papel que han jugado autoridades delegacionales y capitalinas en complicidad con las inmobiliarias y constructoras.
Para los ingenieros la mencionada Ley “puede estar muy bien, pueden ser los mejores DRO pero si hay corrupción ¿cómo la resuelves? pues, poniendo un par de ojos adicionales”. Esa es la propuesta de Marcos César Theurel Gotero, ingeniero y presidente de la Sociedad, quien considera que “los que no se van a dejar corromper son los propios vecinos. Quienes velarán porque no se les caiga el edificio, no van a entregar su vida por dinero”.
Dicha propuesta prevé modificar el Reglamento de Construcciones para facultar y regular la participación de la sociedad civil con la asistencia de expertos en el tema como ingenieros y arquitectos. Sólo que la iniciativa de la SMI fue desoída por Mancera y la mayoría de los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática.
Es de recordad que la Asamblea Legislativa aprobó el sábado pasado la Ley de Reconstrucción, que autoriza aumentar hasta en 35 por ciento las construcciones colapsadas o demolidas a causa del sismo.
La nueva normativa, aprobada por 35 votos perredistas a favor y 17 votos morenistas en contra, señala que los predios en condominio que busquen financiar su reconstrucción, podrán construir 35 por ciento más si lo aprueban más del 50 por ciento de los habitantes, para lo que podrán acceder a créditos de fondos mixtos. En éste especie de autofinanciamiento, que podría de dotar de algunos recursos a los damnificados, no se contemplan los análisis de los terrenos y su uso, ni la mecánica del suelo.
Cabe recordar que expertos del Centro Nacional de Desastres, dependiente de la Secretaría de Gobernación y con estructura científica de académicos de la UNAM, expertos en geología, vulcanología y geofísica dieron a conocer un atlas de las zonas de riesgo en la ahora ciudad de México y que advierte de fallas en delegaciones como la Cuauhtémoc y la Benito Juárez, donde se pretende reconstruir más edificios y con más pisos.
Ello motivo un coraje inaudito del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera por no consultarle los científicos antes de darlo a conocer a la opinión pública. De inmediato se puso contra la ciencia y cuestionó el trabajo de los académicos. Quizá por dichas demarcaciones son sus favoritas para levantar y levantar más gigantescos inmuebles, como los que se ven en el Eje 8 y avenida Cuauhtémoc, o en Río Churubusco y avenida Coyoacán.
Sin duda las inmobiliarias y constructoras son el mejor negocio existente en la capital y éste no puede, ni debe pararse, pese a los sismos y los costos en vida que trae consigo hacer crecer a la ciudad verticalmente. Pero no importa que se saturen las zonas vialmente, no importa que se colapsen los servicios, no importa que no haya agua, no importa mueran más por negligencia.
Para los vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez la mencionada ley es sumamente polémica y cuestionable ante la imposibilidad de acceder a créditos “blandos” para reconstruir sus inmuebles colapsados: “¿cómo si ya cargamos con la deuda del anterior financiamiento para comprarlos? Y ahora quieren que reconstruyamos con una nueva deuda, no hay manera”.
“Ley de Reconstrucción está prescribiendo soluciones sin antes saber qué fue lo que pasó en realidad. Lo lógico es tener primero un buen diagnóstico de lo ocurrido, un censo de todas las afectaciones, usando la arquitectura forense para analizar porqué colapsaron los edificios” han sostenido urbanistas.
Hay un apartado de la mencionada ley que permite construir un 35 por ciento adicional en los lugares donde hubo colapsos, y así con el levantamiento de nuevas las viviendas adicionales, poder pagar la reedificación del inmueble, al respecto los urbanistas han apuntado que dicho incremento está fuera de toda planeación urbana, pues justo en los lugares donde la ley permitirá construir ese porcentaje adicional “podría haber una red hidráulica saturada o demasiado tráfico o escuelas a su máxima capacidad. Y al incrementar la densidad se afecta toda la zona. O peor aún podría haber una fractura subterránea, y si construyen más pisos haces más riesgoso el terreno”.
Pero está visto que el gobierno capitalino, sus asambleístas y demás cómplices no oyen, sólo hablan de reconstruir desde la palestra de los negocios.
