Lozoya podría ser beneficiado con suspensión de procesos
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ALI FIGUEROA
A partir de los cargos imputados a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por nexos con el crimen organizado y lavado de dinero, así como su subsecuente extradición desde España el pasado 16 de julio, diversos especialistas, organismos y funcionarios públicos, han puesto su foco de atención en lo que este caso representa para la lucha contra la corrupción, los resultados del gobierno actual y las repercusiones para los políticos involucrados.
Respecto a los avances en la resolución del caso en su contra, Lozoya aún se encuentra como vinculado a los delitos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, antes de finalizar el periodo de seis meses designados para consolidar la formalidad de los cargos imputados ante una audiencia, el exdirector de Pemex podría ratificar si se le concede ser acreedor al criterio de oportunidad por parte de la FGR.
Esta solicitud será revisada por la oficina de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Asimismo, los abogados defensores de su caso, Alejandro Rojas Durán y Miguel Ontiveros Alonso, han comenzado con las audiencias en el caso Odebrecht, según un estudio realizado por Animal Político.
De acuerdo con el proceso de investigación sobre los casos de corrupción y sobornos millonarios con la empresa brasileña Odebrecht y la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, suscitados durante las administraciones los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, existen altas probabilidades de vincular a otros miembros asociados con los movimientos de dichas empresas en territorio mexicano.
NotiPress preguntó a Juan Carlos Galván, abogado penalista del despacho Abogados Galván, sobre los beneficios que entrañaría para Lozoya el recibir el criterio de oportunidad. Ello acarrearía, responde, “suspender los procesos por los cuales se le vinculó a proceso, es decir, delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en relación con los casos Odebrecht. Esto, en el caso de que la información y datos de prueba sean suficientes para construir un caso en contra de otras personas.”
Con base en la información sobre los nexos de estas empresas con políticos mexicanos, Lozoya podrá obtener el beneficio del criterio de oportunidad si sus declaraciones proporcionan evidencia que le permita a la FGR construir casos por hechos de corrupción contra todos aquellos involucrados en estas actividades ilícitas.
Diversas instancias, entre las que resalta el propio gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR), han expresado su entusiasmo por la resolución de este caso frente al problema de corrupción que enfrenta el país desde hace sexenios, con altas expectativas sobre mejoras en políticas de transparencia.
Se sabe que la justicia en México enfrenta obstáculos a la hora de hacer rendir cuentas a personajes poderosos. El reto para, según palabras de Juan Carlos Galván, es encontrar pruebas que los jueces consideren concluyentes: “para vincular a proceso, que es la base para formular acusación e iniciar juicio, se debe, cuando menos, acreditar la responsabilidad indiciaria de los involucrados, es decir que los datos de los cuales se desprenda su responsabilidad sean objetivamente creíbles y se sustenten en datos de prueba.”
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana aprobó enérgicamente el manejo del caso de Lozoya por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en especial respecto a la balanza entre política y justicia, posibilidad de legislar nuevas contrataciones públicas, e indicó “la reciente extradición de Emlio Lozoya Austin a nuestro país y su eventual enjuiciamiento plantean una oportunidad invaluable para mostrar una genuina voluntad de combate a la impunidad y corrupción”.
La resolución de los cargos imputados a Emilio Lozoya, así como las averiguaciones derivadas de la información sobre políticos mexicanos vinculados a los actos de corrupción con Odebrecht, que proporcionará el expresidente de Pemex durante su entrevista frente al Ministerio Público de la Federación, podrían sentar las bases para reformular los procesos de transparencia, legislaciones y mano dura contra la corrupción en el país.
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