Cumplen vecinos desalojados de la colonia Alemán cinco meses en la calle; esperan créditos para viviendas
Los vecinos que fueron desalojados hace cinco meses de la casa que habitaron hasta por 60 años en la colonia Miguel Alemán de la delegación Benito Juárez, no ven el día en que reciban el crédito para vivienda que el gobierno federal les ofreció. Mientras tanto han adaptado su vida en la calle: Con ingenio han construido “departamentos” de madera e incluso implementado una tina para bañarse.
En este lapso las cosas han cambiado. Murió doña Emilia Nájera, de 82 años de edad a quien, asegura su hermano Mario, le aumentaron los achaques a partir de esa vida tan expuesta a las inclemencias del tiempo. Y de los 50 vecinos que originalmente fueron echados a la calle, hoy resisten 27. Como el mismo Mario Nájera, que no está dispuesto a marcharse hasta que le devuelvan lo que considera suyo.
Libre en el Sur publicó el pasado 2 de febrero que los vecinos desalojados son herederos de una familia que llegó al lugar en los años cuarenta. “Mi padre pudo comprar el terreno con mucho sacrificio”, contó don Mario. En total fueron 13 familias las desalojadas, que vivían en un inmueble de 300 metros cuadrados, ubicado en la calle de Ahorro Postal 89, esquina con Logroño.
Todo comenzó con una deuda de 58 mil pesos contraída por sus hermanas Emilia y Rosa en 1993, que llevó a que Mario López Escalona las demandara y finalmente se quedara con la propiedad, aunque ellas aseguran que pagaron a tiempo. Alejandro Peña, abogado del diputado local Federico Manzo, tomó el caso. “Lamentablemente nos avisaron muy tarde; ya no podíamos hacer nada”. Mario López Escalona alegó la falta del pago de la deuda… y ganó la propiedad, puesta como garantía. El asesor legal explicó que las hermanas sí fueron notificadas de haber perdido el juicio, cosa de la que no se enteraron el resto de los moradores.
“Es que no nos dijeron nada, no nos enseñaron nada ni nos dejaron ningún documento”, contó por su parte María Guadalupe Solares, quien se encarga de hacer cartas y entregar documentos; la gestión legal, pues. “De repente llegaron y empezaron a aventar nuestras cosas. Eran civiles, los granaderos se quedaron allá enfrente”, dice la vecina indignada pero moderada en los gestos.
El 22 de enero ella entregó en Los Pinos una carta para el presidente Felipe Calderón, firmada por 21 de los afectados que tienen entre 21 y 78 años de edad. Ahí le contaron que fueron desalojados “de forma violenta, no respetando a adultos mayores enfermos, mujeres jefas de familia y niños, rompiendo cerraduras, muros con mazos, agarrando todo y aventándolo a la calle”. “Le aseguran que “los pocos muebles que teníamos fueron destruidos en su mayoría” y “fuimos objeto de robo por los que nos lanzaron, no importándoles nuestra situación económica”. Los vecinos dijeron al Presidente que “somos mujeres trabajadoras, pero al día de hoy al no tener un techo donde vivir nos vemos en la necesidad de vivir en la calle, sin trabajo (…) Nuestros hijos tienen el derecho de seguir estudiando y (tener) una vivienda digna. Por eso hoy le pedimos su ayuda y apoyo a nuestra situación”.
Seis días después, el 28 de enero, los desalojados recibieron una respuesta de Juan Manuel Llera Blanco, titular de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia. En ella se anexa el documento en que se instruye a Ariel Cano Cuevas, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, a que “se brinde la atención que el caso amerite, dando respuesta oportuna a la persona interesada”.
Hoy Lupita es un poco más optimista. Piensa que pronto le podría ser otorgado a cada una de las familias el crédito de 60 mil pesos de un fideicomiso gubernamental con el que cubrirían el enganche para departamentos ubicados en la zona metropolitana. Mientras tanto tendrán que seguir durmiendo en la calle.
