Exigirá diputada Dinorah Pizano a Romero parar 700 construcciones de BJ hasta que sea revisada su legalidad; incumple Delegación sus obligaciones, acusa
A raíz del derrumbe de una construcción en el Eje 6 Sur y Pestalozzi en la colonia Del Valle, de la delegación Benito Juárez, la diputada Dinorah Pizano Osorio, mediante un Punto de Acuerdo exhortará al jefe delegacional Jorge Romero Herrera para que detenga las casi 700 construcciones que se llevan a cabo actualmente, en tanto éstas no hayan sido revisadas conforme a la ley.
Precisó que también pedirá que sean revisados todos los permisos y licencias de construcción a fin de evitar más accidentes dentro de la demarcación y tener que lamentar la pérdida de vidas humanas, como ocurrió el pasado 4 de enero.
La legisladora perredista aseveró en conferencia de prensa que la delegación Benito Juárez no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones, ya que entre sus facultades está la de verificar desde su área de Protección Civil que las obras se hagan conforme a lo establecido en la obra ejecutiva y no lo está haciendo.
Señaló que una razón importante por la que pide la suspensión de las 700 obras que se encuentran en proceso, es porque desde el sábado pasado entraron en vigor diversas reformas al Código Penal del DF, entre las que destacan el incremento de penas al que cometa delito fraude específico, es decir, quien transmita o prometa transferir la propiedad de un bien inmueble a sabiendas de que no cuenta con documentos relativos a la zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos.
Pizano Osorio manifestó que se elevará la pena de dos a siete años de prisión cuando un servidor público sustraiga, destruya, oculte, inutilice o introduzca información o documentos que se encuentren bajo su custodia, para la obtención de instrumentos relativos a la zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos.
Añadió que en el uso ilegal de atribuciones y facultades, el servidor público que ilegalmente expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados, autorizaciones o licencias en materia de uso de suelo, construcción de uso de suelo, construcción o inmuebles se hará acreedor de tres meses a dos años de prisión
La diputada aseguró que de acuerdo a estas modificaciones aquellos actos cometidos en el ejercicio de la profesión, se aumentará la sanción de cuatro a seis años seis meses de prisión al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción de la que otorgó su responsiva, sin apego a la normativa vigente de desarrollo urbano.
Explicó que en el caso de Benito Juárez a las obras se les da un uso de suelo y las constructoras siempre se exceden, y buscan regularizar la situación más adelante, lo cual ahora ya no será posible.
Mencionó que se sancionará a la persona que haga uso de documento público o privado falso, alterado o no reconocido por autoridad, para la obtención de certificados relativos a la zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos, sanción de cuatro a seis años seis meses.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos agregó que entre los cambios y por primera vez el Ministerio Público podrá ordenar la custodia de folio real correspondiente o el aseguramiento de una construcción materia de los delitos mencionados en el Código Penal del Distrito Federal.
Argumentó que anteriormente las constructoras encontraban un predio y lo compraban o invadían y teniendo o no el uso de suelo iniciaban la construcción e inmediatamente salía la preventa, construían rápido, para poder realizar los trámites necesarios ante el notario.
Sin embargo, dijo, que ahora el notario ya no podrá escriturar sin antes solicitarle a Seduvi que le informe si efectivamente el uso de suelo que otorgó corresponde a la realidad del inmueble, y en caso de no coincidir se negará la escritura pública y no podrá comercializar la obra.
