Informalidad en México incrementa ante falta de inversión y estado de derecho
ALÍ FIGUEROA
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019 la informalidad fue el 23.0% del total de la economía; y se mantiene como el porcentaje más alto de los 5 años más recientes.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) informó por su parte que las estrategias de inversión productiva en el país son insuficientes, así como el estado de derecho del actual gobierno mexicano. En ese sentido, la informalidad crece, y el impacto durante la nueva normalidad es considerable, con un 55% de ocupación entre el total de población ocupada del país según el CEESP.
La economía informal es una consecuencia importante del deficiente panorama de inversión y estado de derecho, comentaron especialistas del sector privado. Asimismo, responde al ritmo de crecimiento de la economía; y cuando el país muestra altas tasas de crecimiento, el porcentaje de informalidad suele disminuir. Indicaron que estos movimientos económicos son un reflejo de la importancia de captar inversión, así como de generar una percepción positiva del ambiente de negocios sobre el adecuado estado de derecho.
Según el Proyecto de Justicia Mundial (WJP) el estado de derecho es una forma de gobernanza con cuatro principios esenciales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y mecanismos para resolver disyuntivas. En ese sentido, el CEESP agregó, esto supone un sistema de reglas en donde las personas, instituciones y entidades están sometidas a una ley aplicada de manera equitativa. En el caso de México, el estado de derecho ha tenido avances limitados; según el WJP, el país se encuentra en el puesto 104 de 128 naciones.
Un marco regulatorio excesivo y elevados costos de contratación son obstáculos adicionales para generar inversión y mitigar el crecimiento de la informalidad, comentaron especialistas del centro. Al respecto mencionaron la participación de los gobiernos subnacionales, cuyos requisitos limitan competitividad y desalientan la intervención de agentes inversionistas. Según cifras del Índice de Competitividad Mundial, realizado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), México se encuentra en el puesto 55 de 46 países en materia de competitividad.
Expertos del sector privado consideran los elevados costos de contratación como un problema central en pequeñas y medianas empresas (pymes), motivo por el cual adoptan los esquemas de informalidad. Las políticas de elevados costos laborales y fiscales, establecidas por la administración actual, limitan la apertura de empresas y restringen tanto el bienestar social como crecimiento económico. Hay una importante falta de confianza debido a las expectativa de este panorama, y “un entorno de regulación, con reglas claras y promovido por el poder ejecutivo es clave para facilitar la inversión en México”, concluyó el CEESP.
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