El Insabi, una ilusión
En una manifestaciuón para exigir medicamentos para niños con cáncer. Fotos: Mario Jasso / Cuartosuro
El gobierno de AMLO despareció el Seguro Popular con la justificación de que se trataba de una dependencia corrupta e ineficaz, y dio lugar al Insabi con la promesa de una cobertura universal en salud que ha quedado muy lejos de ser realidad.
POR NADIA MENÉNDEZ DI PARDO
De acuerdo con la OMS, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a servicios de salud básicos. La cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las personas reciban los servicios de salud correspondientes sin tener que pagar por ellos. A su vez, los servicios de salud abarcan, desde la promoción de la salud, hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la atención hospitalaria.
Para estar en capacidad de progresar hacia la cobertura sanitaria universal, señala la OMS, es preciso fortalecer los sistemas de salud en todos los países. También –argumenta- es esencial contar con estructuras robustas de financiamiento. Si la población tiene que pagar la mayor parte de los gastos asociados a su salud, los ciudadanos con pocos recursos serán incapaces de acceder a muchos de los servicios que necesitan.
Como lo señala la OCDE, de acuerdo con los indicadores para México, la esperanza de vida es más baja y la mortalidad más elevada que la correspondiente al promedio de los países miembros de la Organización; asimismo, la cobertura y la protección financiera de la población se encuentran rezagadas y las medidas de prevención están debajo del promedio.
La OCDE plantea que el Sistema de Salud mexicano es inequitativo y desigual. El gasto personal en el que la población debe incurrir es uno de los más elevados entre los países miembros, lo que indica deficiencias históricas del sistema mexicano para lograr una cobertura efectiva de sus ciudadanos.
En México, durante tres sexenios, existió el llamado Seguro popular, el cual fue creado en 2003, pero que fue descuidado durante la gestión del Presidente Peña Nieto. Su objetivo era que la población no asalariada no tuviera que gastar altos montos para enfrentar padecimientos. La idea de este seguro era brindar protección financiera –ante eventualidades de salud- para la población que careciera de seguridad social.
La presente administración tomó la decisión de desaparecer el Seguro Popular, calificándolo de ineficiente y -debido a presuntos casos de corrupción y malas prácticas administrativas-, decidió sustituirlo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Ante este cambio surgieron diversos cuestionamientos, señalando que dicha medida constituyó “un grave error”, ya que con ello se dio fin a uno de los más importantes avances institucionales en el sector salud.
Diversos analistas calificaron esta desaparición como apresurada e ineficaz, ya que esta decisión generó problemas de logística y operación, así como escasez y desabasto de medicinas en clínicas y hospitales. A su vez, ha generado caos, desorden y confusión entre la población beneficiaria, así como desorganización al interior de la institución.
El Insabi tiene, entre sus objetivos, proveer y garantizar la provisión gratuita de los servicios de salud a las personas sin seguridad social, de medicamentos gratuitos, y de estudios, análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y hospitalización. Los beneficiarios del Insabi no necesitan afiliarse, ni pagar ningún tipo de cuota; solo deben presentar una identificación oficial para acceder a dichos servicios.
La diferencia central entre el Insabi y el Seguro popular radica en que el primero cubre cualquier tipo de padecimiento, mientras que el SP se apegaba a una póliza limitada. Otra de las diferencias es que el Insabi proporciona cobertura a extranjeros y migrantes. En ese sentido, el Insabi tiene como expectativa ser una institución que brinde a la población servicios de salud iguales –o incluso mejores- que los que brindan los países nórdicos.
Sin embargo, los cuestionamientos a estos cambios se han centrado principalmente en el desabasto de medicamentos -sobre todo los oncológicos- y a que los servicios de tercer nivel de atención no están cubiertos; es decir, aquellos problemas de salud que requieren mayor tecnología y aparatología. Si bien estas instituciones cuentan con salas de internación, cirugía, clínica médica, especialidades quirúrgicas específicas; (traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, y otras) unidad de terapia intensiva y unidades coronarias, dichas instalaciones no cuentan con el equipamiento ni la tecnología necesaria para llevar a cabo los tratamientos correspondientes de manera adecuada.
En virtud de lo expuesto, una de las prioridades que deben abordar las autoridades, es lograr la equidad del Insabi y los sistemas institucionales de seguridad social; es decir, el modelo de atención debe transformarse. Debe enfocarse en un fortalecimiento de la atención preventiva y la atención primaria, en un esquema similar al adoptado –exitosamente- por Costa Rica, por ejemplo.
Por lo anterior, no son muy claras las convergencias y divergencias entre el SP y el Insabi. Desde la perspectiva de los usuarios, el cambio aparenta ser meramente nominal; sin embargo, en la práctica, su funcionamiento ha resultado altamente divergente. Ello puede obedecer a causas diversas; sin embargo, la ausencia del requerimiento de pago de cuotas por los servicios recibidos (como ocurría con el SP), en ausencia de financiamiento robusto y suficiente, planteado de manera expresa en el presupuesto federal, puede considerarse un causal central de las deficiencias del nuevo esquema de cobertura de salud universal, adoptado por la administración actual.
