La extinción de fideicomisos

Las reformas propuestas pueden incrementar la vulnerabilidad y el riesgo en el que ya se encuentran las personas defensoras y periodistas en México; así como poner en riesgo la capacidad de reacción del Estado cuando se presente algún desastre natural.

POR DINORAH PIZANO

Durante el pasado abril, un decreto breve de apenas siete artículos, emitido en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), buscó modificar la mecánica en la que los recursos públicos contenidos en los fideicomisos públicos, se ejercen por la administración pública federal.

A partir de entonces se han emitido opiniones a favor y en contra del procedimiento. Quienes se encuentran a favor argumentan que su extinción dará por fin transparencia a los miles de millones de pesos concentrados en ellos. Otros más, aseguran que con el enorme recurso se tratará de abultar las arcas gubernamentales para fines poco claros.

En realidad, es temprano para saberlo con certeza. Sin embargo, lo que sí se prevé de inmediato, es qué tal decisión contribuye a enrarecer el clima político actual en razón que se desarrolla en una auténtica incertidumbre jurídica y además, en tiempos electorales.

Pero, ¿qué alcance tienen los fideicomisos  exactamente? Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2019 había cerca de 335 de este tipo de fideicomisos resguardando 855 mil millones de pesos.

Los fideicomisos se conforman por el fidecomitente (proveedor de recursos federales) es generalmente la SHCP o la entidad federal de que se trate, el fiduciario (administrador  de lo aportado) es un banco, y el fideicomisario (receptor del beneficio) ya sean personas físicas, morales, entidades federativas, entre otros.

Ciertamente, en el manejo de los fideicomisos por parte de la administración pública,  ha trascendido el desvío de millonarias cantidades cuya opacidad ha quedado resguardada en los anales de la historia de nuestro país.

Su naturaleza ‘revolvente’ hace que estos instrumentos se vean ministrados permanentemente de recursos. La razón obedece a que a principios de año, a cada dependencia se le asigna un presupuesto anual, mismo que casi nunca se ejerce en su totalidad, lo que se denomina ‘subejercicio’, por lo que año con año, se reintegra tal remanente a la tesorería.

Posteriormente, en el siguiente ejercicio presupuestal, la H. Cámara de Diputados decide a dónde dirigir tales recursos, aplicando generalmente una disminución al techo presupuestal de las instancias que no los ejercieron. Precisamente por ello y a efecto de no tener remanentes, las dependencias acostumbran reorientar el recurso que no gastaron a los fideicomisos.

Pues bien, volviendo al decreto de referencia se le ha tachado a su vez de indeterminado, lo que favorecería también un manejo discrecional. Ordena la extinción de fideicomisos públicos y análogos sin estructura orgánica, excepto: (i) aquellos que se hayan constituido por mandato legal; (ii) decreto legislativo, y cuya extinción requiera reformas constitucionales o legales; (iii) aquellos que sirvan como mecanismos de deuda pública; (iv) los que tengan como fin atender emergencias en materia de salud; y (v) los destinados a cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

El pasado martes y en votación dividida del partido mayoritario decidido a retomar el decreto, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas para extinguir un total de 109 fideicomisos públicos y reasignar más de 68 mil millones de pesos, con la intención, apuntaron, de atender la emergencia sanitaria, al sector salud y programas sociales del gobierno federal.

Académicos, organizaciones de defensa de derechos humanos, así como miembros del gremio artístico y cultural, levantaron la voz al conocer que el dictamen prevé la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), así como 32 fondos para proyectos científicos y tecnológicos en diversos centros de investigación.

Además se consideró la extinción del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Apoyo Social para Ex Braceros y el Fondo de Financiera Rural, entre muchos otros.

En respuesta la Fundación Fundar declaró: “preocupa que entre los fideicomisos que se pretende extinguir conforme a esta iniciativa, se encuentren fideicomisos que buscan garantizar derechos humanos sin medidas para salvaguardarlos, como el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los fondos para la protección de desastres naturales y los fondos de investigación y desarrollo científico.

Las reformas propuestas en la iniciativa pueden incrementar la vulnerabilidad y el riesgo en el que ya se encuentran las personas defensoras y periodistas en México; así como poner en riesgo la capacidad de reacción del Estado cuando se presente algún desastre natural. Las políticas de austeridad y ahorros para asegurar medidas de salud o mitigar el impacto económico, no deben de realizarse en detrimento de la garantía de otros derechos.”

Ha causado las más diversas expresiones también, la presunta desaparición de algunos fideicomisos que benefician al sector artístico y que producen cultura. Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Cultura, por ejemplo, es precisamente una de las más castigadas con bajo presupuesto, por lo que se vería imposibilitada a apoyar a los creadores, lo que  provocaría un profundo deterioro de la actividad artística y la herida de muerte para un gran número de proyectos.

En lo tocante a la extinción de fideicomisos para la investigación, tales como los que apoyan a los prestigiados Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mora, la medida afectará a un gran número de académicos con aportaciones muy valiosas para la vida académica de nuestro país.

Hoy se tomará la decisión definitiva en la Cámara de Diputados. Si esta medida busca hacerse de recursos rápidamente para enfrentar a la pandemia y sus efectos, tanto en el sector salud como en nuestra muy lastimada economía, tanto las y los diputados como el gobierno, deberán asegurar total transparencia en el manejo de los millonarios recursos, así como criterio para mantener aquellos fideicomisos que garantizan proyectos que enriquecen a muy importantes sectores de nuestro país.

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