Pide Palacios a diputados distribución equitativa del presupuesto; propone más libertad de gestión para Delegaciones
Ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presididas por los diputados perredistas Valentina V. Batres y Erasto Ensástiga, el jefe delegacional en Benito Juárez, Mario Alberto Palacios Acosta, presentó esta mañana el informe sobre el ejercicio presupuestal 2011 y anticipó sus necesidades presupuestales para el siguiente año, cuantificadas en mil 502 millones de pesos.
Ante los “focos rojos” de reducción presupuestaria anunciados por el diputado Erasto Ensástiga, donde se prevé una merma del 8 por ciento, Palacios se pronunció por la defensa del presupuesto para la Ciudad y sus Delegaciones Políticas. “¿De qué se trata?”, preguntó Palacios al señalar que pese a los exiguos incrementos de presupuesto registrados desde el 2006, en términos reales, los recursos presupuestarios se han visto reducidos significativamente por las tasas de inflación. De tal suerte, explicó, de los 846 millones de pesos asignados en el año 2006, hoy en día, sólo podríamos contar 843 millones. “Ni siquiera hemos sido capaces de amortiguar los procesos inflacionarios de nuestra economía”, señaló Palacios Acosta.
“No puede ser que de cada peso aportado por los vecinos de la demarcación, ni siquiera les sea reembolsado el diez por ciento”. En este contexto, conforme con el mermado techo presupuestario propuesto para la ciudad de México y sus 16 Delegaciones Políticas, el jefe delegacional en Benito Juárez ofreció a los diputados locales de las Comisiones Unidas un documento en el que se expresan diversas modificaciones de ley y sus reglamentos para zanjar de tajo la excesiva regulación administrativa, evitar la reducción presupuestaria y hacer equitativa la distribución de recursos.
Para alcanzar lo anterior, Mario Palacios puso sobre la mesa varias reformas que favorecen tres puntos trascendentales en la administración pública capitalina: La Autonomía de Gestión Presupuestaria, la asignación mínima del 25 por ciento del Gasto Total del GDF para las delegaciones políticas, y la construcción de una nueva forma equitativa de distribución.
Para atender la autonomía de gestión presupuestaria y contrarrestar las inercias centralistas de subordinación a las que están sujetas los gobiernos delegacionales electos, Mario Alberto Palacios propone reconocer a las Delegaciones Políticas el carácter de Órgano Autónomo que establece el propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a través de la reforma del Artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente en términos de que se incorporen a las delegaciones políticas como “órganos autónomos”.
Igualmente propone analizar, discutir, reformar y modificar los fundamentos legales expresos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para omitir el carácter de “órgano desconcentrado” a las delegaciones políticas; definir su capacidad para ejercer funciones en materia de contratación, capacitación y desarrollo de personal, establecer los lineamientos y políticas en materia presupuestal y establecer su propia estructura orgánica.
Con relación a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. El titular de gobierno en Benito Juárez pone a consideración de la soberanía legislativa de esta capital, reformas y adiciones a diferentes artículos de la legislación en comento a fin de adecuar y definir sus facultades para interpretar la ley; manejar, ejercer y adecuar sus presupuestos; llevar su contabilidad y presentar informes de ley para su trasparente ejercicio y su rendición de cuentas respectivo, entre otras responsabilidades.
En este mismo concepto de autonomía, nuevas responsabilidades y libre gestión, el documento presentado por Palacios Acosta señala reformas y adiciones en el Código Fiscal del Distrito Federal para utilizar los ingresos de aprovechamiento sin que medie autorización expresa de la Secretaria de Finanzas.
Sobre la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, puso sobre la mesa las reformas que permitan a las jefatura delegacionales libertad expresa para establecer procedimientos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios. En relación a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal plantea cambios que permitirían a las delegaciones políticas autonomía para determinar programas de obras en base a sus presupuestos, sin previa autorización ni ajustes del gobierno central, así como convocar, adjudicar y formalizar contratos con recursos disponibles: recibir directamente sus garantías establecidas y establecer contratos trans-ejercicio fiscal, con previa autorización de la ALDF.
En términos generales, subrayó Palacios Acosta, la modernización y eficiencia de la administración pública ya no puede esperar la ansiada reforma política; “debemos trabajar en la construcción de una nueva fórmula para la distribución equitativa de los recursos que atiendan las necesidades de cada Delegación” mediante el análisis y colaboración de una institución académica reconocida, estableció.
