Ciudad de México, noviembre 26, 2020 09:18
Libre en el Sur

Reprimen granaderos a manifestantes contra Millet 39; hieren al líder y la DBJ permanece ausente

Vecinos que se manifestaban contra la obra irregular que la inmobiliaria Grupo Rouz ha levantado en Millet 39, colonia Extremadura Insurgentes –según lo señalado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)–, fueron reprimidos por un centenar de elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, de lo que el líder de la asociación Vecinos del Parque Hundido, Héctor Rojas, resultó con un golpe en la cabeza.

Los hechos ocurrieron cuando los manifestantes decidieron bloquear parcialmente la avenida Insurgentes, a la altura del Parque Hundido, después de no recibir una respuesta positiva del delegado Mario Alberto Palacios para que se presentara en el lugar a fin de garantizar que el inmueble no fuera ocupado de manera ilegal. Todo ello fue testificado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

José Luis Guerrero, subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, se quejó de que la DBJ no le notificara acerca de la problemática que se estaba presentando en Millet 39, cuando desde hace más de dos años esa instancia emitió una recomendación al jefe delegacional para que el inmueble fuese demolido, misma que fue aceptada.

Y es que los vecinos, según su propia denuncia, ya habían tenido que impedir, al amanecer de hoy, que empleados de Grupo Rouz introdujeran muebles al edificio, con la presunta intención de que alguno de los departamentos fuese habitado para impedir así cualquier diligencia de clausura por parte de la autoridad. En el interior del edificio se encontraban no menos de una veintena de albañiles, que trabajaban a marchas forzadas en los acabados del inmueble.

El miércoles 18 la Comisión del Derechos Humanos del DF fijó a la DBJ un plazo de 48 horas para que clausurara la construcción como medida precautoria que salvaguardara las garantías ciudadanas, cosa que no se cumplió. En cambio, la noche del jueves 19 Palacios se comprometió ante coordinadores internos de las diferentes colonias de la demarcación a que iniciaría un procedimiento contra la obra a partir del lunes, después de que en días pasados la autoridad delegacional retiró sellos de clausura, con lo que Grupo Rouz pudo reiniciar los trabajos.

Los vecinos, como terceros interesados en el caso, han ganado un juicio con la Seduvi ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien ha ordenado la demolición del inmueble por haber sido construido con documentos falsos. La DBJ adujo que se vio obligada a quitar los sellos porque el área jurídica no se acreditó debidamente; ante ello, los vecinos exigieron reponer el procedimiento de clausura, que ni con el apoyo de Derechos Humanos han conseguido.

Antes del bloqueo de Insurgentes y la consiguiente represalia policiaca, Héctor Rojas –quien también es coordinador interno del Comité Ciudadano de Extremadura Insurgentes— intentó la intervención de Luis Vizcaíno, director general Jurídico y de Gobierno de la DBJ, para que se obligara a Grupo Rouz a parar la obra, pero lo único que consiguió de él fue el ofrecimiento de que se lo solicitaría por teléfono a los representantes de esa empresa.

Más adelante obtuvo como respuesta del jefe delegacional Mario Palacios –a la que los medios informativos tuvieron acceso a través del altavoz del teléfono celular— que se encontraba ocupado y que no podía acudir al lugar para resolver el problema de manera directa. Lo dicho por el delegado enardeció más a los inconformes, que decidieron ir a tomar la avenida Insurgentes como medida de presión para que Palacios se presentara.

Tras 20 minutos de bloqueo –en los que el carril confinado para el Metrobús permaneció liberado para que salieran por ahí toda clase de vehículos– llegaron los granaderos, que arremetieron lo mismo contra personas de la tercera edad; al buscar proteger a una de ellas, Héctor Rojas fue aventado por los escudos de los uniformados contra un puesto de periódicos, lo que le provocó un golpe en la cabeza.

Rojas permaneció tirado en el piso por varios minutos (ver fotografía), hasta que pudo reincorporarse a pesar del intenso dolor. Recibió una llamada de Leticia Bonifaz, consejera Jurídica del gobierno de Marcelo Ebrard, que le ofreció las garantías de que contactaría al delegado Palacios a fin de encontrar una solución y se procedería a resguardar el edificio con elementos de Seguridad Pública, cosa que ocurrió a partir de las 16 horas.

Pasadas las 17 horas, personal de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, impuso sellos de suspensión en los accesos y ventanas de la construcción como una “medida de seguridad”. Rojas fue llevado en ambulancia de la Cruz Roja al Hospital de Xoco, a fin de realizarle un chequeo médico completo.

Por la tarde, el PRI capitalino emitió un comunicado en el que reprobó la represión policiaca. “El Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal condena los hechos ocurridos el día de hoy, por la forma tan violenta con la que granaderos de la SSPDF, retiraron a vecinos de la colonia Extremadura Insurgentes en la delegación Benito Juárez.”, puso. “El agrupamiento de granaderos del la Secretaria de Seguridad Pública, actuó de forma irracional ante los vecinos, rechazando cualquier intento de diálogo. Nuestro instituto político está a favor de la participación ciudadana, de la legalidad, pero sobre todo de privilegiar el diálogo para la construcción de acuerdos. Ratificamos nuestra solidaridad a los vecinos de la Colonia Extremadura Insurgentes, para que sus demandas sean escuchadas y atendidas”.

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