Exige PRD cárcel de hasta nueve años y sin derecho a fianza a constructores que violen uso de suelo al amparo de Norma 26
Diputados del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), encabezados por Víctor Hugo Lobo Román, demandaron aplicar la ley vigente consistente en penas de tres a nueve años sin derecho a fianza y multas de mil a cinco mil días, a los desarrolladores que abusando de la Norma 26 cometan el delito de violación de uso de suelo.
Además, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Norma 26, donde el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) sea la única dependencia que a través de los grupos sociales y asociaciones civiles, gestione la vivienda popular y sustentable hasta un precio de 709 mil 450.
El diputado Alberto Martínez Urincho presentó en tribuna la iniciativa promovida por Lobo Román y respaldada por los diputados Dinorah Pizano, Rocío Sánchez, Carmen Antuna, Alejandro Robles, Alejandro Piña y Diego Martínez. “Hoy proponemos candados legales para ejercer acciones contundentes que hagan cumplir la ley y se sancione severamente a quien engañe y lucre con la necesidad y el patrimonio de los capitalinos”, apuntó Lobo Román.
El pasado 5 de agosto, la diputación permanente de la propia ALDF resolvió pedir a la Contraloría General del DF que audite a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para garantizar que los certificados otorgados bajo la Norma 26 cumplan con lo establecido. Tan sólo en la colonia San José Insurgentes de la delegación Benito Juárez, Seduvi tiene detectados y en investigación 31 nuevos casos de obras que al amparo de la Norma 26, establecida para fomentar la vivienda de interés social, violan la reglamentación con la construcción de viviendas de lujo en zonas residenciales.
En el texto ahora presentado, el legislador perredista advirtió que más allá de la ejemplaridad, “debemos dejar el mensaje contundente de que no seremos omisos y cómplices de los delitos cometidos por la violación de la Norma 26”.
Sostuvo que los grupos sociales tendrán un papel importante en el desenvolvimiento y aplicación de la citada norma, toda vez que se trata de organizaciones que siempre han jugado un papel fundamental en la vida de la ciudad, donde la vigilancia del INVI será irrestricta.
Recordó que la norma actualmente suspendida, posee una redacción que se presta a la discrecionalidad y por ende debe ser perfeccionada a fin de que cumpla su objetivo consistente en facilitar el acceso de los capitalinos a una vivienda digna.
“Es importante dejar bien claro que esta Asamblea y el objeto de la presente reforma, no afectará el espíritu de la denominada Norma 26. No somos insensibles ante la necesidad de vivienda que prevalece en millones de habitantes de la ciudad de México, puesto que aún existe un déficit de 28 mil viviendas”, expresó.
Lobo Román dijo que ha quedado demostrado que la manipulación de la Norma 26 atenta contra la seguridad de las familias, lucra con el patrimonio de los ciudadanos, vulnera el estado de derecho, afecta la ordenación urbana, modifica el objetivo y vocación social en favor de unos cuantos y en contra de los vecinos.
Mencionó que el objetivo del ordenamiento es de espíritu noble, solidario y generoso para producir vivienda sustentable, de interés social y popular. “Sin embargo, las buenas intenciones se extraviaron en el remolino creado por la codicia de las inmobiliarias y la corrupción de algunos funcionarios”, externó.
La iniciativa con proyecto de decreto fue tornada a la Comisión de Desarrollo Urbano para su análisis y eventual dictaminación.
