Información ¿pública?
Por María Luisa Rubio González
La presencia activa de actores sociales distintos al gobierno en los diversos momentos del hacer gubernamental, según lo indican diversas experiencias internacionales, fomenta la gobernanza, entendida como la ampliación de lo público más allá de los órganos de gobierno, que reconoce las limitaciones del Estado para solucionar todos los problemas, y la necesidad de incorporar a otros sectores en la generación de procesos de desarrollo sostenibles. La existencia de mecanismos de control de la sociedad en la toma de decisiones públicas, en la evaluación y seguimiento del resultado de programas y acciones, así como en los procedimientos involucrados para ello, contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Una herramienta fundamental para la participación ciudadana en la evaluación de las acciones gubernamentales es la información pública que generan y resguardan las entidades gubernamentales. El acceso a tal información constituye en sí mismo el cumplimiento del derecho a ser informado y, con esto, posibilita la consecución del derecho a opinar y participar sobre y en el hacer público.
En el Distrito Federal se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el año de 2003, en la que se consideraba la creación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, con la encomienda de fijar las estrategias y políticas generales que aseguraran el pleno ejercicio del derecho al acceso a la información pública.
En 2008 se reformó la normatividad, estableciéndose la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), como un órgano autónomo, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia y las normas que de ella se deriven. La integración del Instituto está constituida por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados Ciudadanos, representantes de la sociedad civil, designados por mayoría calificada del pleno de la ALDF. Las decisiones del Instituto se toman en sesiones públicas, a menos que el asunto amerite que se hagan privadas. También se enlazó al sistema INFOMEX la información pública de los partidos políticos, así como de las delegaciones del Distrito Federal.
No obstante, la calidad de la información disponible es sin duda el aspecto más revelador de la situación del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal, pues en la mayoría de los casos la presentación de dichos datos responde a las necesidades de control interno de la administración pública más que a la utilidad de la información para la ciudadanía. La evaluación gubernamental se reduce a la presentación de los avances programático-presupuestales y el cumplimiento de metas de las instituciones; no obstante estar previstos en la Ley, la ausencia de indicadores de gestión no solamente imposibilita el seguimiento y evaluación, sino que representa una falta severa de la gestión pública.
Por ejemplo usted, habitante de la Delegación Benito Juárez: intente averiguar cuánto se ha gastado en la instalación de botes de basura, o en el remozamiento de los parques de la demarcación. O a información tan relevante como de qué manera esa inversión, proveniente de sus impuestos, se ha traducido en su calidad de vida. No hay forma. Aún más: pruebe a saber cuál era el patrimonio de los funcionarios públicos cuando iniciaron su gestión en el gobierno delegacional y cuál es el actual. Aún cuando los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de inicio y término de gestión, esa información es invisible para el ciudadano común. ¿Cómo asegurarnos entonces de que el servicio público no sirve al interés privado?
