POR LA LIBRE/ Letra muerta
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Sin palabras. Foto: especial.
Ya vemos con normalidad el que determinadas vialidades se vean sembradas de huacales, llantas, tubos, piedras, botellas de plástico y otros objetos con los que se “apartan” lugares de estacionamiento para luego “comercializarlos”, a la vista y con la libre complicidad con la policía.
POR FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI
Debiera ser vergonzoso, pero resulta hasta divertido revisar las disposiciones legales que prohíben las practican en las que cotidianamente incurren cuentos de los llamados “franeleros” o “viene vienes” en las calles de nuestra sufrida ciudad de México.
Es importante diferenciar entre esos abusivos infractores y las personas que en efecto hacen un servicio sin apartar lugares ni cobrar por permitir el estacionamiento de vehículos, como son los cuidadores y los lavacoches. Ellos realizan un trabajo digno sin infringir ninguna ley ni reglamento.
Las calles son espacios públicos que como tales no pueden ser “privatizados” por nadie y menos usufructuarios para obtener una ganancia. La realidad es que por muy diversos rumbos de la capital, pero especialmente cerca de las zonas de oficinas o de hospitales y otros lugares de abundante afluencia de personas y vehículos.
No sorprende que tal vez la mayoría de los capitalinos ignoren que está prohibido apartar lugares de estacionamiento con cualquier medio y sobre todo “vender” esos cajones a los automovilistas. Por el contrario, los consideran un mal necesario, una plaga sin cura, una manera de ganarse la vida para esas personas.
Como suele ocurrir en nuestra ciudad, las leyes son utilizadas por la autoridad, pero como herramientas para extorsionar, no para hacerlas cumplir…”
Ya vemos con normalidad el que determinadas vialidades se vean sembradas de huacales, llantas, tubos, piedras, botellas de plástico y otros objetos con los que se “apartan” lugares de estacionamiento para luego comercializarlos.
La realidad formal es otra. Y bien distinta. Estrictamente hablando, los “franeleros” son delincuentes, pues violan flagrantemente y cotidianamente la Ley. Viven de apoderarse de espacios públicos, que son de todos, y cobrar “cuota” por ellos, sin necesidad de trabajar.
El tema se complica con una cadena de complicidades de la que no es ajena la autoridad y particularmente la policía, que debiera ser la que aplique las normas jurídicas para evitar esos abusos.
Otra vez y vivita la corrupción policiaca.
Hay sin embargo otro factor que incide en la gravedad de este problema. En muchos sitios de alta afluencia vehicular operan verdaderas mafias o bandas que controlan en ocasiones cientos de cajones de estacionamiento y que ocupan a “franeleros” para ejecutar su ilícito negocio.
A menudo, se trata de individuos violentos que se escudan no sólo en el anonimato, sino y sobre todo en la complicidad con las autoridades capitalinas que los toleran. Están coludidos. Y es que aunque no siempre lo parezca, se trata de un jugoso negocio, que a nivel de la capital puede significar ganancias de varios millones de pesos cada día.
Frente a eso, la Ley es letra muerta.
En efecto, aunque pocos lo saben, existe una Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que se ocupa de ese y otros temas. De acuerdo con el artículo 28 fracción II de esa legislación, se considera una infracción “impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada”.
La propia Ley estable e asimismo que la persona que realiza estas acciones, puede ser multada por “obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del mismo”. Y también fija las sanciones para los infractores: la multa por apartar lugares de estacionamiento en Ciudad de México va desde las 11 a las 40 Unidades de Medida (UMA), que actualmente está en un valor de 103.74, por lo que un acumulado equivalente a esta multa, sería de entre mil 141 pesos y los 4 mil 149 pesos.
Según la gravedad de la falta, la persona señalada por obstruir la vía pública con objetos podría ser objeto de un arresto de entre 13 a las 24 horas, que podrían conmutarse por horas de trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.
Ahora sí, a reír.
Como suele ocurrir en nuestra ciudad, las leyes son utilizadas por la autoridad, pero como herramientas para extorsionar, no para hacerlas cumplir. La existencia de esas sancione sirven para amenazar a los infractores y cobrarles “cuota” o mordida por permitirles violar las disposiciones a plena luz del día, ostentosa y libremente. Y créame que es un gran negocio para la policía.
Un ejemplo concreto de lo que sucede en muchos lugares de la capital es el caso de la calle Manzanas, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, de la alcaldía Benito Juárez. Ahí opera una mafia de la franela, que controla toda el área adyacente al parque San Lorenzo, entre las calles de Miguel Laurent y Dan Lorenzo. Se trata de un centenar de cajones de estacionamiento, que se vienen a tarifas obligatorias de 30 a 50 pesos, según la demanda.
Los “franeleros” actúan abiertamente, a la vista de todo mundo, incluidos los patrulleros que supuestamente vigilan el área y que evidentemente están coludidos con ellos.
El tema ha sido denunciado reiteradamente por los vecinos, e incluso ha sido consignado en repetidas ocasiones en Libre en el Sur, sin que se actúe para impedir tamaño acaparamiento.
Para colmo, esos mismos patrulleros de Ciudad de México extorsionan a cuidadores y lavacoches que no apartan lugares ni cubran cuotas obligatorias sino que trabajan honradamente en las calles cercanas, como Magnolias, Tejocotes y Fresas. Válgame.
